by Ayeza Díaz Rolón
Por El Vocero
Antonio “Tony” Soto preside la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, que analiza el Código de Incentivos. >Carlos Rivera Giusti / EL VOCERO
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes retomó la discusión del nuevo Código de Incentivos partiendo de un “documento de trabajo” que aún no se ha hecho público y cuyas enmiendas, realizadas en el Ejecutivo, no quedaron claramente definidas.
El presidente de la comisión cameral, Antonio “Tony” Soto, dijo a preguntas de EL VOCERO que los cambios que recibió la medida fueron suministrados a las minorías legislativas en un documento, pero no así al público. “El entirillado (documento que contiene los cambios) no se ha radicado porque no necesariamente va a ser el proyecto que va a ser acogido por la Asamblea Legislativa. Aquí hay una serie de recomendaciones del Ejecutivo de enmiendas sobre su propio proyecto”, respondió Soto luego de que este diario preguntara si el entirillado de la medida se había hecho público.
“El documento es un documento de trabajo y no es un documento final y por eso no lo voy a radicar. Aquí hay un sinnúmero de enmiendas que ellos (el Ejecutivo) trajeron y se le ha entregado a las minorías. Aquí hay acceso”, abundó el legislador, quien durante la vista pública proclamó “transparencia” en el proceso de discusión de la medida.
El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy, llegó ayer a la vista en el Capitolio con un resumen ejecutivo del “borrador del entirillado” del Proyecto de la Cámara 1635 que persigue definir lo que será el nuevo Código de Incentivos.
Las enmiendas, según Laboy, surgen de un análisis que hicieron a 56 leyes e incentivos cuyo impacto económico no se había estudiado y que constituyen un total de $590 millones en créditos y subsidios.
“El caso particular de los municipios es interesante porque desde el gobierno central en muchas ocasiones se limita la capacidad de los municipios, que están facultados por ley estatal a generar sus propios ingresos, pero de cierta manera se limita el que ellos puedan producir los ingresos de contribuciones municipales y se les da el 90% o el 100% de exención contributiva sobre contribuciones municipales (a las empresas), pero la otorga el Estado”, explicó.
“O sea, que el Estado que no es dueño de esas contribuciones les está metiendo la mano en el bolsillo a los municipios y el producto de eso es que los municipios no tienen para operar por déficit o por ofrecer servicios”, abundó.
Proponen una oficina especial
La propuesta de incentivos que presentó Laboy crea la Oficina de Incentivos para Negocios y agrupa leyes e incentivos bajo una sola ley, con la que se organizan las exenciones por sectores o industrias.
De igual forma, el entirillado deja establecido que el secretario del Departamento de Agricultura y el secretario del DDEC serán los funcionarios que determinarán quiénes cualifican para recibir los incentivos o subsidios en la industria agrícola.
Laboy reiteró que hasta el presente no existe un mecanismo para medir el retorno de inversión de los incentivos. Negó también que con el proyecto se eliminen los incentivos de aquellos sectores que reflejan un retorno de inversión negativo.
Por su parte, la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara reclamó transparencia en la vista pública y en el contenido de la medida.
Mientras, el representante independentista Denis Márquez opinó que “la propuesta de incentivos no promoverá desarrollo económico dada la realidad colonial” y que “el 4% de tasa contributiva propuesto en el Código de Incentivos es ridículamente bajo”.