by El Nuevo Día
El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar estabilidad y confianza en los pasos conducentes al saneamiento de las finanzas públicas, lo cual incluye la adecuada puesta en vigor de profundas reformas estructurales. En esta ecuación, el Departamento de Hacienda es crucial. Sus funciones incluyen lograr el nivel de recaudos que apoye las metas de equilibrio fiscal, la reestructuración de las obligaciones y el regreso a los mercados de inversión.
Otra tarea prioritaria de Hacienda es encaminar los nuevos cambios contributivos, un eslabón en la aspiración a una reforma que inyecte eficiencia al andamiaje de incentivos económicos y sociales, como parte de la necesitada justicia tributaria. Su misión es también combatir la evasión y velar por la eficiencia e integridad de sus propias operaciones. Todo ello es cónsono con la rendición de cuentas que los contribuyentes exigen.
Las circunstancias que rodean la abrupta renuncia de Teresita Fuentes a la jefatura de Hacienda y su reemplazo casi inmediato por Raúl Maldonado, anterior titular de la agencia, crean un clima de confusión en torno a visión sobre la política pública económica y la forma de ejecutarla.
Maldonado también fue designado titular de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en medio de una investigación oficial sobre contratos otorgados mientras él dirigía Hacienda. Las autoridades son responsables de que la pesquisa se complete de forma adecuada.
Los puntos de tensión incluyen el alcance de la figura del principal oficial financiero del gobierno (CFO), creado mediante orden ejecutiva, ante posibles choques con las facultades del gabinete constitucional, como Hacienda. Por disposiciones de ley, esta es responsable de las labores tributarias, de tesorería y contabilidad del gobierno.
El CFO, cuya oficina debe ser creada mediante legislación, tendría ciertas facultades superiores a la de los jefes de agencia para intervenir con determinaciones de directores de compra, finanza y presupuesto de las agencias. Es pertinente aclarar su desempeño. El gobernador ha asignado la dirección principal de la estructura a Maldonado.
Parte de la tarea que el Ejecutivo debe atender, junto con la Asamblea Legislativa, es afinar la estructura que contempla la consolidación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto en Hacienda. Este cambio surge del Plan Fiscal Certificado aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
La Oficina del CFO, de acuerdo con el Plan Fiscal, debe asegurar la administración responsable de los recursos de Puerto Rico. Se concibe como parte de la centralización de todas las funciones de la gestión financiera.
El objetivo de la estructura propuesta se fundamenta en el mejoramiento de la gobernanza fiscal, así como en aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y los controles internos. Se espera que contribuya a mejorar la confianza en todas las partes interesadas en las finanzas de la isla.
El gobierno tiene que redoblar esfuerzos para que la consolidación en la sombrilla fiscal opere de forma transparente durante los procesos de la recuperación.
Aunque es un alto reto la dirección de Hacienda con las funciones integradas de OGP conjuntamente con el puesto de principal oficial financiero del gobierno, la constitución de un equipo especializado y comprometido con el bienestar del país puede ayudar a las transformaciones positivas proyectadas.
El Ejecutivo, mientras, deberá mantener una evaluación constante del desempeño en la nueva estructura y subsanar con sabiduría deficiencias que impidan el cumplimiento del Plan Fiscal Certificado y la agenda de recuperación isleña.
La sombrilla fiscal tiene rol medular en el reto que conlleva la recuperación de Puerto Rico. El cambio debe representar el antídoto contra el marasmo presupuestario que llevó al país a la insolvencia. Puerto Rico reclama profesionalismo, estabilidad, confianza y transparencia en la ejecución de esa misión.