by Christian G. Ramos Segarra
Por El Vocero
Los miembros de la Junta Federal de Control Fiscal durante una sesión pública en octubre pasado en el Centro de Convenciones de Miramar. >Carlos Rivera Giusti / EL VOCERO
La Corte del Primer Circuito de Apelaciones de Boston determinó ayer que el proceso establecido en la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) para nombrar a los integrantes de la Junta Federal de Control Fiscal (JFCF) resulta inconstitucional.
En el fallo —que fue redactado por el juez puertorriqueño Juan Rafael Torruella— el tribunal concluyó que los nombramientos de los directores del ente federal no fueron realizados conforme a la cláusula de nombramientos de Promesa y a la Constitución de Estados Unidos. Esta es la quinta vez consecutiva que este foro revoca una decisión de la jueza federal Laura Taylor Swain.
“Le ordenamos al Tribunal de Distrito que emita una sentencia declaratoria en el sentido de que el protocolo de Promesa para el nombramiento de los miembros de la junta es inconstitucional y debe ser reparado”, concluyó la decisión del panel de jueces del Apelativo federal.
El recurso había sido presentado por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y los fondos de inversiones que poseen bonos de Obligaciones Generales (OG), liderados por Aurelius Investment LLC y la aseguradora municipal de deuda Assured Guaranty.
Aunque los apelantes argumentaban que una determinación de inconstitucionalidad en el nombramiento de los miembros de la junta haría ilegal cualquier decisión tomada previamente por el ente rector de las finanzas públicas, el Apelativo falló en contra y aseguró que dejarlo sin efecto complicaría los procesos de reestructuración de la deuda de la Isla.
“Afirmamos, sin embargo, la negativa del Tribunal de Distrito a las mociones de los apelantes para desestimar los procedimientos del Título III”, reza la orden emitida en la tarde del viernes.
EL VOCERO contactó al abogado de la Utier, Rolando Emmanuelli, quien sostuvo que el fallo representa una enorme victoria para los opositores de Promesa. “La determinación aclara la naturaleza de la junta en términos de qué es federal y aclara la aplicación de la cláusula de los nombramientos a la junta y, por ende, el Tribunal devuelve el caso para que la jueza federal Laura Taylor Swain declare que es inconstitucional”, mencionó.
“Sus conflictos de interés”
“Estas personas nunca se confirmaron y este proceso permitiría que se puedan investigar. Esto abre un debate público que permitiría someter información sobre estas personas y sus conflictos de interés para que el Senado tome una decisión informada”, detalló Emmanuelli.
Asimismo, el abogado recalcó que si el presidente no toma una decisión dentro del periodo establecido, el mandato entraría en vigor y la ley sería inconstitucional, la junta fiscal no podría seguir actuando y los demás procesos podrían verse afectados. “Esto dejaría sin vigor el mandato de la junta y, por ende, los casos de Título III se afectarían porque no tienen quien los procese. No tiene autoridad la ley para procesarlos porque no estarían las personas que toman las decisiones”, agregó.
Satisfacción parcial de la Utier
En declaraciones escritas, el presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, dijo que la organización está “parcialmente” satisfecha con la decisión del Apelativo federal y alegó que evalúan el resto de la sentencia para saber si la apelan o no.
“Sabíamos la inconstitucionalidad que había en el nombramiento de los miembros de la junta, una junta nombrada para exprimir a los puertorriqueños. Siempre les dije que mantuvieran la fe. Que parecía difícil lo que queríamos hacer, pero que lo haríamos y hoy nuevamente el tiempo nos dio la razón”, sentenció Figueroa Jaramillo.
En agosto de 2016, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, estableció la junta fiscal y en acuerdo con el Congreso al amparo de la ley Promesa, designó a sus siete miembros. De estos, tres demócratas y cuatro republicanos.
Actualmente, el ente es presidido por José Carrión y está compuesto por Ana Matosantos, Carlos García, Andrew Biggs, Arthur González, José González y David Skeel. El principal oficial ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Christian Sobrino Vega, representa al gobierno de Puerto Rico.
La junta no ofreció entrevistas ayer sobre la decisión y se limitó a informar que acababan de recibir la determinación. “Los abogados la están evaluando. Estamos evaluando nuestras opciones legales”, respondió a EL VOCERO Edward Zayas, portavoz del ente federal.