La jueza Laura Taylor Swain escuchó ayer, en el Tribunal Federal de San Juan, las partes a favor y en contra del acuerdo de Cofina.
El acuerdo que dividirá los recaudos del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) entre la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y el gobierno central, y que a su vez serviría para modificar casi $18,000 millones pagaderos con ese impuesto, no será el mejor en términos económicos, pero es la solución más “razonable” para evitar una batalla legal que duraría años y que podría drenar el poco dinero que le queda al gobierno.
Ese fue el mensaje que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el gobierno, los agentes que mediaron en la disputa del IVU y bonistas defensores del acuerdo dieron ayer a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain durante el primer día de la audiencia para certificar el plan de ajuste de Cofina bajo el Título III de la ley federal Promesa.
Paul Rosen, abogado de la JSF, dijo a Swain que ninguna de las partes estaba “contenta” con el pacto, pero sostuvo que es “una solución razonable a un problema complejo” y constituye “la piedra angular” para la recuperación de la isla.
Para abonar a su causa, Rosen -socio del bufete Proskauer Rosedestacó que el plan de ajuste de Cofina fue avalado mayoritariamente por todas las clases de acreedores con derecho a votar sobre el acuerdo, incluyendo unos 8,000 bonistas de Cofina residentes de Puerto Rico.
Mientras, Peter Friedman, socio del bufete O’Melveny Myers y asesor legal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), dijo que el acuerdo dará una inyección anual -de más de $400 millones- al gobierno, que ayudará a cumplir con la prestación de servicios a la población.
Sobre todo, según Friedman, con el acuerdo, Puerto Rico se libra de lo que podría ser un largo y costoso litigio para definir si los recaudos del IVU pertenecen a Cofina o al gobierno central.
Antes de la defensa de la JSF y la Aafaf al plan de ajuste de Cofina, fruto de más nueve meses de negociaciones secretas, ciudadanos y sindicatos pintaron un cuadro muy distinto al acuerdo.
LA VOZ DE LA GENTE
Swain explicó durante la audiencia que, a raíz del plan de Cofina, cientos de personas le han escrito, por lo que, como parte del proceso, quería escuchar a la ciudadanía.
Mientras, en la audiencia, los abogados de quienes participaron en la negociación alabaron el acuerdo, Miguel David -integrante del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda- indicó que más 30,000 personas han suscrito la petición de rechazo que la organización presentó a la jueza.
“Estoy consciente… también de las manifestaciones afuera”, replicó Swain a David haciendo referencia a la petición de la organización y a la protesta que realizaban sindicatos y
“El proceso que usted solicitó, funcionó”
PAUL ROSEN ABOGADO DE LA JSF
cientos de ciudadanos a las afueras de la sede del tribunal federal en Hato Rey.
En su turno inicial, Swain pareció dejar entrever que la suerte del pacto de Cofina estaba echada porque, según la jueza, independientemente del fallo que emita, este no podrá “conciliar” las diversas preocupaciones que hay en torno al plan.
Por su parte, la maestra retirada Eulalia Centeno Ramos destacó que, en su caso, solo recibe una pensión de $1,700 (que de paso, sería rebajada por la JSF) y que el acuerdo de Cofina incumpliría con Promesa al no dar suficiente alivio para que el gobierno pague las pensiones.
“Solo le pido que el dolor del pueblo, la injusticia, la inocencia de nuestros niños, la miseria de los trabajadores no le sea indiferente”, dijo Centeno Ramos, cuya pensión mensual equivale a los honorarios que los abogados de la
“Esas negociaciones han sido una irresponsabilidad”
MIGUEL DAVID FRENTE CIUDADANO POR LA AUDITORÍA DE LA DEUDA
JSF, el gobierno y los bonistas que defendían el acuerdo cobrarán por haber comparecido a la audiencia algunas horas.
PACTO QUE AMARRA AL GOBIERNO
Las críticas al plan de ajuste en Cofina no solo vinieron de los ciudadanos. También vinieron de sindicatos y de ciertos bonistas subordinados de Cofina, quienes según lo propuesto, perderían la mitad del dinero que prestaron a Puerto Rico.
“Objetamos este acuerdo porque no actúa en el mejor interés de Puerto Rico”, dijo Peter D. Dechiara, abogado de la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) y la United Auto Workers (UAW).
Dechiara sostuvo que el acuerdo en Cofina parte de la premisa de que el servicio a la deuda pagadera con el IVU aumentará 4% todos los años, una proyección que supera por mucho los estimados de crecimiento económico que ha provisto la propia JSF.
En ese sentido, Dechiara reiteró ante Swain que el acuerdo no libera al gobierno de responsabilidad con respecto a la deuda de Cofina.
El abogado explicó que el acuerdo entre las partes establece que el gobierno central estará obligado a cubrir el servicio a la deuda de Cofina si los recaudos del IVU no son suficientes. Esa obligación está en la propuesta de reestructuración de la deuda de Cofina que avaló la JSF.
Si bien Dechiara pudo presentar los argumentos de la SEIU y la UAW, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) no tuvieron la misma suerte.
A pesar de que la Utier, por vía de su asesor legal, Rolando Emmanuelli, fue el único objetor que llevó consigo un estudio que analiza el impacto económico del plan de Cofina preparado por el economista José Alameda, la JSF prevaleció con una moción para impedir que el análisis se incluyera como evidencia del caso.
Swain concluyó que la Utier no tenía legitimidad para entrar en la controversia por no ser acreedor de Cofina.
En tanto, Gary Eisenberg, abogado de GMS Group, firma que que posee unos $500 millones bonos subordinados de Cofina, pareció avanzar su causa, al establecer que varios de los bonistas subordinados que respaldaron el acuerdo también poseen bonos Cofina “senior”. Como resultado, la clase subordinada de bonistas Cofina, que resultará más perjudicada con el pacto, no habría tenido una representación adecuada en las negociaciones.
La audiencia de confirmación del plan de Cofina continúa hoy.