by Damaris Suárez
Por Noticel
Aunque pudiera sonar bonito escuchar al gobernador Ricardo Rosselló Nevares comprometiéndose durante su mensaje a bajar el costo de los medicamentos imponiendo regulación a los eslabones de la industria de la salud, le tomará mucho más tiempo cumplir su palabra, aseguraron a NotiCel varios representantes de los proveedores de salud.
Tras calificar como “inaceptable” el vertiginoso aumento del precio de los fármacos, Rosselló Nevares anunció varias iniciativas y solicitó a la Asamblea Legislativa que apruebe el Proyecto del Senado 218 que pretende regular a los administradores de servicio de farmacia (PBM’s, por sus siglas en inglés) y crear la “Ley Reguladora de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia”. Esa medida fue aprobada en ambas cámaras legislativas pero con versiones distintas.
Este pedido pudiera quedarse corto y la meta figura bastante empinada. Si el Primer Mandatario realmente está comprometido con bajar el costo de los medicamentos debe asegurar que los líderes legislativos actúen sobre la medida que tienen ante su consideración, que parece estar engavetada y ha sufrido cambios que la alejan de su intención original.
“Agradecemos que el Gobernador comprenda el problema que representa para la población los altos costos de los medicamentos. No tiene que esperar. Que le pregunte a sus legisladores por qué no le han dado paso al proyecto de ley que está engavetado y luego de que se enmendara para satisfacer a alguien, quitando las garras para fiscalizar a los intermediarios”, dijo a NotiCel la Dra. Norma Devarie, presidenta de la Cooperativa de Cardiólogos de Puerto Rico (Cardiocoop).
La versión original de la medida ponía en manos del Departamento de Salud (DS) la fiscalización de los intermediarios, la Cámara de Representantes la enmendó para “aguar la intención del proyecto” porque entre otras cosas, le da esa responsabilidad a la Oficina del Comisionado de Seguros que no puede fiscalizar al Plan Vital, explicó a este diario Heriberto Ortiz, director ejecutivo de COOPHARMA.
Ortiz cuestionó que la enmienda sufriera otras enmiendas en la Cámara de Representantes que afectan la intención legislativa, cambiando la visión salubrista de la medida a una comercial. “Esta acción dejaría desprovisto de regulación a los intermediarios del plan de salud público porque esa oficina ha dicho que no tiene jurisdicción sobre ellos. Entonces, estás dejando fuera al 90% de la población asegurada”, explicó.
Tanto Ortiz como Devarie plantearon que todos los sectores que representan a los proveedores de salud llevan meses solicitando a los legisladores, sin éxito, la aprobación de la medida para regular a los intermediarios. Plantean que la versión que debe prevalecer es la del Senado, que acoge la intención real de fiscalizarlos.
La falta de regulación en el sistema de salud en los Estados Unidos (EE.UU) -y por ende en Puerto Rico- ha provocado un espiral de aumento en el costo de los medicamentos en comparación con otros países con un sistema de salud público donde el gobierno negocia directamente con las farmacéuticas el precio de las medicinas.
Pero en EE. UU. y Puerto Rico son los PBM’s quienes sirven como intermediarios en la negociación de los servicios y los costos de medicamentos entre las empresas farmacéuticas y los terceros involucrados en la cadena comercial, como el Gobierno, las aseguradoras, las empresas y los pacientes que pagan directamente.
Las PBM’s negocian con las manufactureras para que sus medicamentos formen parte del formulario de medicinas autorizadas por los planes médicos que producen descuentos en los precios que se supone deben aliviar a los pacientes. Pero conocedores de la industria aseguran que estas jugosas regalías o ‘rebates’ que el negociador recibe no se transfieren ni a los proveedores de servicio ni a los pacientes que compran los medicamentos.
El tema ha tomado prominencia en los EE. UU. tras el anuncio del presidente Donal Trump de que buscará atajar el alza del costo de los fármacos para que esa rebaja se honre al paciente al momento de comprar el medicamento.
Rosselló Nevares anunció durante su mensaje que someterá legislación para requerir reportes de los manufactureros y distribuidores para que le justifiquen al gobierno antes de aumentar el precio de los medicamentos en un 16 por ciento. Además, el Gobernador se comprometió a requerir informes anuales de datos sobre la estructura de precios de los medicamentos genéricos y garantizar la intervención adecuada del DS y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para proteger y fiscalizar en beneficio de los pacientes.
“Con el transcurrir de los años el costo de los medicamentos se ha convertido en una carga económica para gran parte de la población. Esto es inaceptable… (Las PBM’s) que pueden ser causantes del alza desmedidas de los precios de los medicamentos, al retener lo que debió haber sido un ahorro para las aseguradoras o clientes que contratan a los PBM’s”, sostuvo Rosselló Nevares al solicitar la aprobación de la medida legislativa.