by Chantal Bene
Los cambios demográficos y económicos han cambiado dramáticamente los patrones de consumo de los puertorriqueños. El envejecimiento poblacional comienza a impactar las categorías de consumo, creando un reto para manufactureros, distribuidores y supermercados. La población de edad avanzada consume menos comida, que la población joven, pero consume a su vez más productos y servicios de la industria de la salud.
Los últimos datos censales revelan que la población de 60 años o más, ya representa el 20% de la población local, y se espera que esa tendencia siga aumentando. Se evidencia una marcada tendencia de más decesos y menos nacimientos, que altera el proceso natural de crecimiento poblacional. Este patrón ha llevado a crear una tendencia bien peligrosa que se manifiesta en la industria de ventas al detal. Según datos publicados por la Junta de Planificación, los gastos de consumo de alimentos aumentaron de $8,392 millones en el 2010, a $8,850 millones en el 2018. Sin embargo, los gastos en productos y servicios de salud aumentaron de $10,139 a $14,537 millones, durante es mismo período.
La actual tendencia sugiere que, en algún punto cercano, los gastos en salud pudieran duplicar los gastos en alimentos, un fenómeno que va a tener profundas ramificaciones. En el corto plazo, se evidencia que, durante la pasada década, el total de puntos de ventas de supermercados se ha reducido en 30%. Mientras que, en la industria de salud, no es secreto las fuertes presiones financieras que experimentan todos los proveedores dentro del ecosistema de la industria. Desde hospitales hasta los propios médicos.
Al profundizar en este análisis se pueden vislumbrar otras realidades que preocupa. En primer lugar, la proporción de hogares que dependen del Programa de Asistencia Nutricional conocido como el PAN, se ubicó en 38% en el 2017.
Es decir, cuatro de cada diez hogares, depende de este programa federal para alimentarse. En el 2018, cuando el gobierno aumentó por $1,200 millones los fondos del PAN, estimados de Inteligencia Económica reflejaron que el total de hogares recibiendo este beneficio pudo ascender a 60%. Este incremento se debió al impacto del huracán María. De forma ordinaria, la Isla recibe $1,800 millones anuales para facilitar el acceso a alimentos no procesados a familias que cumplan con ciertos criterios de elegibilidad.
En cuanto al tema de salud, una tendencia que levanta preocupaciones es que el total de personas que tienen una cubierta de salud provista por el gobierno local o federal de 55.9% de la población en el 2010 a 62% en el 2017.
En otras palabras, hay una dependencia clara en programas federales o estatales para lograr acceso a la salud. Visto de manera integrada, los dos renglones de mayor gasto por parte de los consumidores exhiben una alta dependencia en los fondos federales.
En momentos en que el nivel de endeudamiento y el déficit fiscal, del gobierno de los Estados Unidos llega a niveles preocupantes, urge comenzar a buscar opciones que reduzcan la dependencia en las ayudas para alimentos y financiar el sistema de salud. Los actuales patrones claramente no son sostenibles, ni para el gobierno federal, y mucho menos para el gobierno local, que aún se encuentra en quiebra.