En la aspiración de desarrollar su sostenibilidad, Puerto Rico necesita gente saludable. Mantener a cientos de miles de personas sin cubierta médica ni accesos dignos a servicios de salud de calidad, atenta contra un derecho fundamental que repercute en la capacidad productiva de la isla, mientras erosiona el erario.
Reconocemos los esfuerzos de la Administración de Seguros de Salud (ASES) en la búsqueda de alternativas para asegurar atención a la población que necesita tratamiento médico. Pero hace falta también voluntad para emprender un proyecto de país que ponga el bienestar de los ciudadanos en el centro de un sistema sanitario justo, que asuma la salud como un derecho, en vez de como una mercancía.
Generar salud implica asegurar que el dinero presupuestado llega en forma de servicio a la gente. Es necesario propiciar que todas las personas cuenten con una cubierta médica justa, que les garantice accesos a los servicios que requieren cuando lo necesitan. Es insólito que personas que trabajan no alcancen a tener una cubierta médica que les permita, a ellos y a sus familias, recibir atención, tratamientos y medicamentos. Esta situación desalienta la cultura de trabajo. A menos ingresos, mayores las oportunidades de que ser cobijado por el plan de salud gubernamental.
La prevención es un factor indispensable para contar con una población en buena condición física y mental. Reduce costos y genera riquezas, a los ciudadanos y al país.
No obstante, según datos oficiales, Puerto Rico ocupa una de las primeras posiciones entre los países con más muertes por diabetes, por ejemplo. Los datos muestran la relación entre la prevalencia de enfermedades y el bajo nivel socioeconómico de las personas.
Indicadores como estos muestran que, pese a que el sistema de salud público cuenta con un presupuesto multimillonario, dicha asignación no se traduce en mejor salud para la población.
Las contradicciones aumentan si se considera que, mientras el presupuesto para el plan de salud del gobierno aumentó otros $100 millones —para un total de $2,700 millones este año— el sistema ha perdido 200,000 beneficiarios en cinco años. El aumento tampoco ha producido más ni mejores servicios para los participantes, como revela la información disponible sobre la prevalencia de enfermedades crónicas en la isla.
Ante los nuevos datos sobre la baja de usuarios en el sistema gubernamental de salud, la respuesta de las autoridades se repite: recurrir al gobierno federal en busca de más beneficios. Sin embargo, es evidente que se necesita más que el ejercicio periódico de dependencia en mayor envío de fondos o de modificaciones en las regulaciones de Washington.
Para controlar el gasto sanitario es preciso generar salud y administrar con eficiencia los bienes disponibles. En días recientes citamos que el plan de acción del Departamento de Salud hasta 2020 sostiene que las enfermedades crónicas, uno de los problemas más costosos y con mayor impacto en la calidad de vida de los pacientes, son prevenibles.
Intensificar los esfuerzos para prevenir antes que remediar, mejorar la calidad de los servicios de control de enfermedades y propiciar que más personas tengan acceso a su derecho a disfrutar de buena salud, reducen los costos que conllevan las complicaciones médicas y las visitas a las salas de emergencia que, a la larga, los propios contribuyentes también terminan por pagar.
En los planes para impulsar el repunte económico, el renglón de la salud debe ser pilar. A mayor salud, mejor productividad. Es por eso que garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que la ONU ha trazado para 2030. Y la propuesta incluye, entre otras metas, lograr la cobertura sanitaria universal, el acceso a servicios esenciales de calidad y a medicamentos seguros, eficaces y asequibles para todos.
Dicha meta debe también enmarcar las estrategias de desarrollo de Puerto Rico.