by Alex Figueroa Cancel
Por El Nuevo Día
La demanda por las asignaciones de fondos Medicaid para la isla detalla que el gobierno local invierte $1,400 millones para proveer servicios de salud a más de 1.2 millones de beneficiarios de bajo ingreso, y recibe $400 millones del gobierno federal.
El juez federal Gustavo Gelpí ordenó que se discuta si su reciente opinión en un caso sobre el Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) tiene algún impacto en otra demanda contra el gobierno de Estados Unidos por discrimen con la asignación de fondos de Medicaid para la isla.
La corporación sin fines de lucro MedCentro inició el pleito el año pasado –al que se unió el gobierno de Puerto Rico– para denunciar violación de derechos constitucionales por parte del gobierno federal por tratar a la isla diferente a los estados en la asignación de fondos para los servicios de Medicaid.
Gelpí ordenó que las partes expliquen si de alguna manera influye en esta demanda la opinión que él mismo emitió, a principios de este mes, cuando desestimó una demanda del gobierno federal contra un residente de Puerto Rico, José Luis Vaello Madero, para que devolviera el dinero que recibió del SSI mientras vivía en la isla.
“Sin renunciar a una apelación que (el gobierno de) Estados Unidos pueda tener en (el caso de) Vaello Madero, los demandados tienen que discutir lo siguiente en su informe: si (el caso de) Vaello Madero se decidió correctamente, ¿debe extenderse su base lógica a algunos de los reclamos presentados en este caso?”, lee la orden del juez federal.
En el caso del SSI, Gelpí favoreció la postura de Vaello Madero de que se violaban sus derechos constitucionales al perder el beneficio del SSI solamente por haberse mudado de Nueva York a Loíza.
Gelpí expresó en su opinión que la Cláusula Territorial de la Constitución “no es una carta blanca” para el Congreso de Estados Unidos “encender o apagar a conveniencia los derechos fundamentales constitucionales del debido proceso e igual protección que disfruta un ciudadano de Estados Unidos que se muda de un estado a Puerto Rico”.
Aunque el fallo de Gelpí por sí solo no tiene el efecto de cambiar la exclusión de los residentes de Puerto Rico de recibir el SSI, sí evitó que Vaello Madero devolviera el dinero y abrió la puerta para que apelaciones en foros superiores puedan revertir la jurisprudencia que ha sostenido por décadas el trato diferente para Puerto Rico en cuanto a la elegibilidad de ese programa.
Ahora estará por verse si esa opinión pudiera impactar de alguna manera la demanda contra la fórmula de la asignación federal de Medicaid para Puerto Rico, que es mucho menor que para los estados de Estados Unidos y que se supone que expire en septiembre de este año.
Los reclamos de discrimen en ambos casos son muy similares. En el caso del Medicaid, también plantean violaciones a los derechos a la cláusula del debido proceso y a la cláusula de igual protección de las leyes.
MedCentro y el gobierno de Puerto Rico alegan que la violación consiste en que la asignación para la isla tiene un tope que no enfrentan los estados de Estados Unidos.
Asimismo, denuncian que el gobierno federal establece para Puerto Rico un porcentaje fijo del 55% en el pareo de fondos, mientras que para los estados se calcula según el ingreso per cápita.
Mientras más bajo sea el ingreso de los ciudadanos, más alto es el pareo federal. Para el 2016, nueve estados y Washington DC estuvieron por encima del 70% en el pareo. Mississippi fue el más alto, con 74.17%.
“Puerto Rico, que tiene un ingreso per cápita más bajo que cualquier estado de la nación (estadounidense), está limitado por un estatuto” al porcentaje federal de asistencia médica “más bajo disponible, 55%”, señala la demanda.
Según la demanda, Puerto Rico tiene una tasa de pobreza del 42%, que es casi el doble del 21.5% de Mississippi, el estado con el mayor nivel de pobreza.
Si Puerto Rico no tuviera el tope estatutario en el pareo, le tocaría un pareo del 83% en los fondos federales de Medicaid, sostiene MedCentro.
Pese de la diferencia en el pareo, la legislación federal le impone al gobierno de Puerto Rico requisitos tan altos como a los demás estados, destaca la demanda.
Debido a que los fondos federales no son suficientes para los beneficiarios elegibles de Medicaid, el gobierno de la isla está obligado a pagar la diferencia de lo que cuestan esos servicios, en lo que se conoce como wraparound.
“Si Puerto Rico fuera tratado igual que cualquier otro estado, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) estima que el gasto federal de Medicaid sería de hasta $2,100 millones al año”, añadió.
Mientras, los demandantes alertan que si se mantiene esta situación, Puerto Rico se encamina a una crisis a partir de septiembre para los beneficiarios del plan de salud del gobierno.
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares presionó, sin éxito, al Congreso para que aprobara antes de cerrar los trabajos de la pasada sesión legislativa una asignación de $3,180 millones de Medicaid para los años fiscales federales 2020 y 2021.
“Puerto Rico es tratado como si fuera el estado con el ingreso per cápita más alto”
DEMANDA POR MEDICAID