by Christian G. Ramos Segarra
Por El Vocero
La reciente aprobación del acuerdo de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), los nombramientos inconstitucionales de la Junta Federal de Control Fiscal (JFCF), las futuras nominaciones que someta el presidente Donald Trump y las proyecciones económicas en las que se basa la planificación fiscal aprobada por el ente federal podrían tener serias implicaciones sobre la Isla, señalaron varios analistas expertos en economía y reestructuración de deuda.
En una reunión convocada por el Capítulo Alumni FAE de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras (UPR-RP), el economista Antonio Fernós Sagebien, catedrático auxiliar de economía de la Universidad Interamericana, aseguró que la deuda de Cofina es pagable, pero hizo hincapié en que se debe restructurar para poder lograrlo.
“La deuda se puede pagar, pero hay que reestructurarla porque tiene unos términos y condiciones que lo hacen imposible. No toda la deuda es igual porque hay unas que tienen garantías del Fondo General, como la de los bonos de obligaciones generales, entre otras”, detalló.
Fernós, quien opina que la creación de la corporación es inconstitucional, explicó que una reestructuración no necesariamente se traduce en una condonación de deuda. “Es importante que la gente entienda que la reestructuración no implica que hay una condonación ni del principal, ni de los intereses. En el caso de Cofina donde hay múltiples acreedores con distintos rangos es aun más complicado”, indicó.
“En 2006 se inventaron a Cofina para darle una fuente de repago establecida a la deuda. Identificaron una parte del IVU para refinanciar la deuda que no se supone que hubiese estado jamás. Incumplieron la Constitución entrando en una deuda que no tenía fuente de repago, ni autorización para entrar en ella, y que se pagaban con resoluciones conjuntas de la Asamblea Legislativa”, agregó el economista.
Preocupado por Trump
Mientras, John Mudd, abogado experto en quiebras, expresó su preocupación ante la postura del presidente estadounidense Donald Trump sobre Puerto Rico y la manera en que los nombramientos que pueda realizar para la JFCF puedan afectar la reestructuración de la Isla.
“No se sabe de qué lado está Trump. Él puede designar a siete personas de su agrado que desestimen el Titulo III. Pueden hacerlo, porque la Sección 930 de Quiebra establece que si el deudor, en este caso la junta, pide que se desestime la quiebra, se puede quedar sin efecto. Una vez se confirmen en el Senado, estas nuevas personas podrán hacer lo que les dé la gana, dentro de lo que dice Promesa. Podrían echar para atrás todos los procesos”, sentenció el abogado.
A juicio de Mudd se debe eliminar la ley Promesa para forzar al gobierno a realizar los cambios que debe hacer. “Si se elimina Promesa, no hay junta y no hay quiebra. El gobierno dice que lo puede bregar, pues que lo haga. Si le quitas el Título III se verán forzados a mejorar. Los mismos políticos son los que han hecho un desastre en Puerto Rico”, agregó.
Por otro lado, el economista José Joaquín Villamil, presidente de la Junta de Directores de la firma Estudios Técnicos, criticó el plan fiscal aprobado por el ente federal por entender que las proyecciones económicas y demográficas en las que se basa no son correctas. “Este plan se debe enmendar porque no hay manera de justificarlo”, comentó.
“La JFCF tenía en el fiscal 2018 una contracción del 8%. Probablemente el crecimiento va a ser cero, un poco arriba, un poco abajo, pero no menos 8%. Las proyecciones demográficas también han estado equivocadas desde el principio y esas son las cosas que subyacen todas las decisiones. Si estas proyecciones no están bien, hay que cambiar el plan”, puntualizó Villamil.